La política pesquera comunitaria está entrando en una fase decisiva que marcará las inversiones y la viabilidad del sector durante los próximos años. Dos debates paralelos en Bruselas centran hoy la atención de empresas, cofradías, organizaciones de productores pesqueros (OPP) y armadores: la negociación del Presupuesto Europeo 2028-2034 y la reforma para simplificar las reglas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
Un presupuesto en plena batalla política
La propuesta de partida planteada por la Comisión Europea reserva un mínimo protegido de 2.000 millones de euros para pesca y acuicultura dentro de un gran fondo global comunitario. Esta cifra supone una reducción notable frente a los 6.108 millones de euros del ciclo actual 2021-2027, del cual España gestiona 1.120 millones.
No obstante, la cantidad definitiva aún no está cerrada y dependerá de las negociaciones entre las instituciones europeas: mientras el Parlamento Europeo reclama elevar la partida a 7.290 millones de euros, el Consejo de la UE propone situarla en torno a los 4.000 millones. Más allá de la cuantía, al sector le preocupa que la pesca pierda visibilidad e identidad al integrarse en planes presupuestarios más amplios, lo que obligaría a las empresas pesqueras a competir por los recursos con actividades económicas de mayor peso.
Más facilidades para la pesca artesanal y el relevo generacional
Para compensar la rigidez de las normas actuales, la Comisión ha propuesto modificar el reglamento del FEMPA con el fin de reducir trámites burocráticos y agilizar el acceso a las subvenciones. Entre las novedades más destacadas figura el apoyo al relevo generacional: se incrementará la intensidad de las ayudas para jóvenes profesionales y se eliminará la prohibición de usar fondos públicos para comprar o traspasar empresas, siempre que se dediquen en exclusiva a la pesca artesanal de pequeña escala.
Asimismo, para los barcos de menos de 12 metros de eslora, bastará con demostrar que el nuevo motor reduce emisiones de CO₂, sin la exigencia previa de mantener la misma potencia, permitiéndose incluso ampliar el espacio interior de la embarcación si es indispensable para instalar tecnología limpia. La reforma también contempla compensaciones por recortes imprevistos de cuota superiores al 40%, apoyo a la diversificación de ingresos (como el turismo pesquero) y la reducción de 10 a 5 años en el periodo de registro exigido a los barcos para solicitar mejoras. Además, permitirá a los Estados dedicar hasta un 30% de sus fondos a medidas de flota y cese definitivo de la actividad.
Las grandes dudas: burocracia ambiental y flota envejecida
A pesar de estas medidas de flexibilización, la flota española afronta importantes dudas de cara al futuro. Bruselas pretende sustituir las reglas detalladas actuales por el principio general de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), cuyas directrices no se publicarán hasta finales de 2026 y no tendrán carácter vinculante, lo que genera incertidumbre sobre qué proyectos de inversión serán realmente subvencionables.
Esta falta de concreción preocupa especialmente en España, donde la edad media de los buques supera los 30 años y urge modernizar las embarcaciones para garantizar la seguridad a bordo, mejorar las condiciones de trabajo y atraer a profesionales jóvenes. A su vez, las autoridades españolas continúan negociando con la Comisión Europea para eliminar el límite de 24 metros de eslora que restringe las ayudas a la renovación de motores en la flota de mayor tamaño. En regiones con gran peso pesquero como Pontevedra, que concentra casi dos tercios del empleo pesquero de Galicia y más de 500 empresas vinculadas al mar, asegurar una financiación ágil y previsible será clave para mantener la competitividad y el empleo en la próxima década.
